En las esquinas de Corona, en los pasillos de iglesias del Bronx y en los mercados de Sunset Park, circula un nombre nuevo: Gold Card. Desde que el presidente Trump firmó una orden ejecutiva en septiembre de 2025 para lanzar este programa, muchos latinos indocumentados miran con preocupación como este nuevo sistema de residencia podría cambiar las reglas del juego migratorio.
¿Qué es la Gold Card?
Con esta nueva medida, quienes puedan pagar una contribución de 1 millón de dólares podrían obtener una residencia permanente en EE. UU. de forma acelerada. Para corporaciones que patrocinen empleados, la cifra exigida es 2 millones. Para aplicar, también se exige pasar controles rigurosos por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), verificar que el solicitante sea admisible y que haya visa disponible.
A la par, se proyecta lanzar una versión Platinum Card, con un costo mayor —5 millones de dólares—, que permitiría a quien la obtenga pasar hasta 270 días al año en EE. UU. sin quedar sujeto al impuesto sobre ingresos generados fuera del país.
El gobierno también ha vinculado este programa con el artículo existente del visado EB-1 / EB-2, de modo que quienes reciban la Gold Card entrarían por esas categorías.
Además, se diseñó una modalidad corporativa (“Gold Card Corporativo”) para que empresas patrocinen empleados pagando la suma correspondiente. Si un empleado deja la empresa, el patrocinio puede transferirse dentro de ciertos límites.
¿Qué pretende el gobierno con esta medida?
La administración afirma que este programa traerá beneficios al país. Se espera recaudar más de 100 mil millones de dólares que serían destinados a fomentar industrias estadounidenses, fortalecer la economía y financiar reducción de impuestos.
Se argumenta que las contribuciones servirán como prueba de que el solicitante puede generar un “beneficio sustancial” para los Estados Unidos. También se dice que es una forma de modernizar el sistema migratorio y atraer inversión internacional.
De hecho, la Casa Blanca afirma en su “Fact Sheet” que esta orden realineará la política migratoria federal con los intereses del país, impulsando prosperidad mediante aportes económicos considerables.
Qué dice la comunidad latina
Para muchos migrantes, esta medida suena a “residencia para quienes tienen dinero”. En un puesto de tacos en el East Harlem, María comenta:
“¿Quién de nosotros va a reunir un millón de dólares para poder residir legalmente? Esto no es para familias que apenas sobreviven.”
En una iglesia en Brooklyn, un pastor mexicano pregunta en voz alta durante la misa:
“¿Van a vender la ciudadanía como si fuera una membresía exclusiva?”
El temor más común es que esta política aliente una división entre quienes tienen medios y los que luchan por regularizarse sin recursos para pagar sumas tan altas.
Retos legales y preguntas sin respuestas
Hay varios interrogantes que aún no tienen respuesta clara:
- ¿Puede una orden ejecutiva cambiar el sistema migratorio sin pasar por el Congreso? Algunos letrados dicen que podría haber desafíos constitucionales.
- ¿Qué pasará con los programas tradicionales de visa de inversionista (como EB-5)?
- ¿Cómo se verificará que las contribuciones sean legítimas y no usadas para lavado de dinero?
- ¿Quiénes podrán calificar realmente (qué criterios de admisibilidad, seguridad nacional, historial)?
- Si alguien con Gold Card pierde el estatus por razones de seguridad o sospecha, ¿cómo se revocará?
Hasta ahora, esas preguntas no han sido completamente respondidas en los documentos oficiales.
¿Qué significa para quienes vivimos sin documentos?
Aunque la Gold Card no está dirigida a la mayoría indocumentada, su anuncio manda señales:
- Las reglas migratorias podrían estar cambiando para favorecer a quienes tienen recursos.
- Podría aumentar aún más la brecha entre inmigrantes con medios económicos versus los que luchan por la legalización por otras vías.
- Lo que hoy parece lejano puede convertirse mañana en una norma que afecte otros permisos o programas más accesibles.
Mientras eso sucede, muchas personas en la comunidad siguen buscando caminos más tradicionales: asilo, peticiones familiares, programas como DACA (donde aplica), y esperando reformas legislativas que no dependan del bolsillo.
