La administración Trump ha decidido acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 72 000 hondureños y 4 000 nicaragüenses que vivían y trabajaban legalmente en EE. UU. desde finales de los 90. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para retirar protecciones migratorias a varios grupos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que la terminación del TPS entrará en vigor en septiembre de 2025, aproximadamente 60 días después de la publicación oficial. La administración sostiene que las condiciones en Honduras y Nicaragua han mejorado tras el devastador paso del huracán Mitch en 1998 —que cobró miles de vidas— y que ahora los ciudadanos pueden regresar de forma segura.
No obstante, este cambio no afecta a todos por igual. Alrededor de 21 000 hondureños y 1 100 nicaragüenses ya cuentan con residencia permanente (green card), por lo que no corren riesgo inmediato. A los demás se les insta a planificar su salida voluntaria; a través de una aplicación de la Oficina de Inmigración, se les ofrece un pasaje aéreo gratuito y un bono de mil dólares por persona.
Este recorte sigue una tendencia similar hacia otras nacionalidades: previamente, se habían retirado protecciones para migrantes de Venezuela, Haití, Afganistán, Camerún y Nepal, entre otros.
¿Qué es el TPS y por qué es significativo?
- El TPS es un programa federal creado en 1990 para proteger a personas en EE. UU. cuyos países enfrentan crisis —guerras, desastres naturales o violencia generalizada— e impide su deportación, además de permitirles trabajar.
- No otorga camino a la ciudadanía ni a residencia permanente.
- Más de un millón de personas han dependido del TPS desde su creación.
Críticas y preocupaciones
- Defensores de los migrantes alertan que este cambio afectará a familias completas, incluidos niños nacidos en EE. UU., que podrían quedarse sin apoyo si sus padres pierden el estatus legal.
- Organizaciones migrantes y defensores de derechos humanos señalan que, aunque se argumenta que las condiciones han mejorado, la violencia política y la inseguridad persisten, especialmente en Nicaragua bajo el régimen de Ortega.
- A diferencia del anuncio para venezolanos, la cancelación del TPS para hondureños y nicaragüenses no enfrentó bloqueo judicial antes de entrar en efecto; sin embargo, algunas protecciones temporales se mantienen en casos anteriores.
Consecuencias para miles de personas
- Aquellos sin green card deberán salir del país voluntariamente o enfrentar la deportación forzada.
- Estados Unidos incentivará la salida con pasajes gratuitos y un bono económico.
- Quienes mantengan la residencia permanente podrán quedarse, pero perderán el permiso de trabajo y la protección del TPS.
Contexto político
- Esta decisión se inserta en una agenda más amplia del gobierno Trump que busca limitar protecciones migratorias temporales y reducir la cantidad de personas con status legal.
- En algunos casos —como con venezolanos y haitianos— las acciones han sido bloqueadas temporalmente por tribunales, pero en otros se han ejecutado sin demora.
La terminación del TPS para hondureños y nicaragüenses afectará a cerca de 76 000 personas que han vivido más de dos décadas en EE. UU. Aunque el gobierno argumenta que las condiciones mejoraron, defensores de derechos humanos y de inmigrantes advierten que muchos podrían caer en la irregularidad y enfrentar deportación, poniendo en riesgo familias y comunidades ya establecidas.
