El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha emitido una nueva directriz que ha generado gran preocupación entre familias inmigrantes: incluso si un inmigrante tiene una solicitud de residencia legal permanente (green card) en trámite, puede ser colocado en procedimientos de deportación. Esto incluye a personas que están casadas con ciudadanos estadounidenses y que han presentado una petición I-130 basada en el matrimonio.
¿Por qué USCIS toma esta decisión?
USCIS ha justificado esta medida como parte de un esfuerzo más amplio por preservar la integridad del sistema migratorio estadounidense. Según la agencia, en los últimos años se ha registrado un aumento significativo en solicitudes fraudulentas o poco fundamentadas, en particular aquellas basadas en matrimonios que se considera podrían haberse realizado con el único fin de obtener beneficios migratorios.
Desde su perspectiva, permitir que personas permanezcan en el país simplemente por haber iniciado una petición, sin importar su historial migratorio o situación actual, crea incentivos para el abuso del sistema. Con esta medida, USCIS busca enviar un mensaje claro: una solicitud en trámite no equivale a un estatus legal ni protege automáticamente contra una orden de deportación.
Cambios en el proceso
Bajo esta nueva interpretación, si una persona presenta una petición de residencia y USCIS determina que:
- Entró al país sin inspección,
- Está en el país con una visa vencida,
- O ha cometido alguna violación migratoria previa,
…podría ser referida directamente a los tribunales de inmigración para comenzar un proceso de remoción, incluso mientras su solicitud está en evaluación.
Anteriormente, era común que el proceso de deportación se pausara o se evitara mientras un caso migratorio seguía abierto, especialmente si el solicitante tenía lazos familiares fuertes, como estar casado con un ciudadano estadounidense o tener hijos nacidos en el país. Con este nuevo enfoque, USCIS rompe con esa práctica, adoptando una postura más agresiva y estricta.
Impacto en las familias inmigrantes
El impacto de esta política es profundo. Muchas familias han iniciado procesos migratorios con la esperanza de regularizar su estatus, confiando en que al estar “haciendo las cosas bien”, tendrían una oportunidad justa. Sin embargo, ahora enfrentan la posibilidad de que, en lugar de una aprobación, su solicitud sea usada como base para iniciar una deportación.
Incluso quienes ya han presentado el formulario I‑485 (ajuste de estatus) podrían ser afectados si su historial migratorio contiene elementos que USCIS considere violatorios, como haber reingresado al país tras una deportación previa o haber trabajado sin autorización.
Críticas y preocupaciones
Defensores de los derechos de los inmigrantes, abogados de inmigración y organizaciones civiles han criticado la medida por considerarla innecesariamente punitiva y contraproducente para la reunificación familiar. Argumentan que muchas personas que serán afectadas por esta política están tratando de resolver su situación de forma legal, y que colocarlas en procesos de deportación podría desincentivar que otros inmigrantes intenten regularizarse.
Además, esta postura podría generar una sobrecarga en los tribunales de inmigración, que ya enfrentan demoras de años para resolver casos, afectando tanto a solicitantes genuinos como al sistema en su conjunto.
Esta nueva política de USCIS marca un giro hacia una postura más restrictiva, en la que ya no basta con tener una solicitud pendiente para evitar la deportación. Ahora, incluso quienes están casados con ciudadanos estadounidenses y buscan legalizar su estatus de buena fe podrían enfrentarse a procedimientos de remoción.
En este nuevo panorama, se vuelve más importante que nunca contar con asesoría legal experta antes de iniciar cualquier trámite migratorio, ya que incluso un pequeño error o una omisión del pasado podría convertirse en motivo suficiente para que las autoridades migratorias actúen en contra del solicitante.
