La Corte Suprema de los Estados Unidos ha emitido una decisión que podría tener graves implicaciones para miles de migrantes. En un fallo dividido de seis votos contra tres, el alto tribunal permitió al gobierno retomar una política migratoria que autoriza la deportación expedita de inmigrantes a países diferentes de sus lugares de origen, incluso si esos países atraviesan conflictos internos o situaciones de violencia extrema, como es el caso de Sudán del Sur o Libia.
Esta decisión se produce en el contexto de un litigio entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y un inmigrante identificado como D.V.D., a quien se le negó la oportunidad de presentar su caso ante un juez de inmigración, pese a expresar temor creíble de ser torturado si era enviado a uno de estos “terceros países”. El caso generó una orden judicial previa que protegía temporalmente a ciertos migrantes de ser deportados sin audiencia. Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema revierte esa protección mientras el litigio sigue su curso en instancias inferiores.
Lo más preocupante de esta resolución es que elimina la obligación del gobierno federal de notificar con diez días de antelación a los migrantes y de ofrecerles una audiencia antes de ser enviados a países con condiciones peligrosas. En otras palabras, el gobierno podrá realizar deportaciones rápidas sin que las personas afectadas tengan la oportunidad de explicar ante un juez que su vida podría estar en riesgo si son enviadas a esos destinos.
Tres juezas del ala progresista —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— manifestaron una fuerte oposición a la decisión. En su disenso, advirtieron que esta medida equivale a premiar prácticas ilegales del gobierno y a socavar gravemente el debido proceso que debería proteger a toda persona que se encuentra en territorio estadounidense, independientemente de su estatus migratorio. La jueza Sotomayor fue especialmente crítica, afirmando que la Corte ha cerrado los ojos frente a posibles actos de tortura que podrían resultar de esta política.
El origen de esta disputa legal se remonta a la administración Trump, que implementó esta política como parte de una estrategia más amplia para reducir los flujos migratorios. Aunque durante la administración Biden se suspendieron algunas de estas medidas, ciertos tribunales federales permitieron que se mantuviera esta herramienta de deportación, y ahora la Corte Suprema ha confirmado temporalmente esa práctica.
Este fallo es una señal clara de que el entorno legal en materia de inmigración sigue siendo volátil y cambiante. Para las comunidades migrantes y para quienes los representan legalmente, es fundamental estar informados y preparados para responder con estrategias jurídicas sólidas. Esta decisión no únicamente afecta a personas con órdenes de deportación, sino también a solicitantes de asilo y a aquellos que temen por su vida si son enviados a países que no les ofrecen ninguna garantía de seguridad.
Desde nuestra firma, reiteramos nuestro compromiso de defender los derechos de los inmigrantes y recordamos que, incluso ante decisiones desfavorables como esta, existen herramientas legales para apelar, presentar solicitudes de protección bajo la Convención contra la Tortura, y exigir que se respete el derecho al debido proceso. Seguiremos atentos al desarrollo del caso “DHS v. D.V.D.”, que podría marcar un precedente importante en los próximos meses.
