En julio de 2025, un grupo significativo de jueces de inmigración despedidos por la administración Trump comenzó una ofensiva legal y mediática contra el Departamento de Justicia (DOJ). Denuncian despidos arbitrarios y motivados políticamente con el propósito de debilitar la independencia del sistema judicial migratorio
¿Qué ha ocurrido?
Según registros sindicales, más de 50 jueces migratorios fueron despedidos o retirados forzosamente desde enero del presente año. Muchos desistieron ante ofertas controvertidas (llamadas “Fork in the Road”) diseñadas por la administración para incentivar salidas voluntarias
Esta purga ocurre mientras el sistema judicial migratorio afronta un histórico atraso de más de 3.5 millones de casos pendientes de resolución
Motivaciones e impacto institucional
Varios jueces despedidos señalan que sus decisiones independientes —como el otorgamiento de asilo en casos considerados incómodos para la administración— y su perfil demográfico (incluyendo mujeres y con apellidos hispanos) podrían haber sido razones para su despido . En palabras de la jueza Carla Espinoza:
“Creo que mi despido estuvo relacionado con mi decisión de liberar a un inmigrante mexicano falsamente acusado…”
Por otra parte, la jueza Jennifer Peyton —ex coordinadora de la corte de Chicago por casi nueve años— fue despedida sin explicación más allá de un breve correo electrónico de tres líneas
Cómo están respondiendo los jueces
Los jueces afectados organizan ahora:
- Apelaciones ante la Merit Systems Protection Board y posiblemente ante la Comisión Federal para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.
- Campañas públicas y mediáticas, rompiendo con la tradicional discreción judicial.
- Denuncias por discriminación de género y étnica, decisiones judiciales discrepantes y presunta represalia por contacto con congresistas
Consecuencias para la justicia migratoria
La iniciativa ha generado fuertes advertencias:
- La presión política sobre jueces ha deteriorado el ambiente judicial, promoviendo temor entre quienes aún permanecen en funciones
- A pesar de los despidos, no se planea una rápida reposición: reclutar, capacitar y nombrar nuevos jueces puede tardar hasta un año o más
- En estados clave como California y Texas, se eliminó la opción de audiencias de fianza (“bond hearings”), dificultando aún más el acceso a procesos justos mientras aumenta el uso de expedited removal por parte de ICE
El enfrentamiento entre jueces migratorios despedidos y el Departamento de Justicia representa una confrontación sin precedentes entre el poder ejecutivo y las autoridades judiciales en materia migratoria. Mientras los ex jueces buscan justicia y visibilidad, el sistema deposita su estabilidad en manos de procesos legales largos e inciertos.
La independencia judicial y la garantía del debido proceso migratorio se encuentran en el centro de esta batalla.
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