A inicios de 2025, la administración de Donald Trump implementó una política de expedited removal para deportar rápidamente a inmigrantes admitidos en EE. UU. bajo programas de parole humanitario (como para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), sin audiencia judicial ni asesoría legal. Esta medida buscaba acelerar las deportaciones y aumentar los números de expulsiones.
La decisión judicial clave
El 1 de agosto de 2025, la jueza federal Jia M. Cobb emitió un fallo que bloqueó esta política. Cobb declaró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) excedió su autoridad legal y que estas deportaciones exprés violaban el derecho al debido proceso que se les había otorgado a los beneficiarios de parole bajo la administración Biden.
El fallo responde a una demanda liderada por grupos defensores de inmigrantes que representaban a personas con parole que enfrentaban deportación inmediata sin revisión judicial.
Impactos inmediatos para los afectados
- Protección temporal: la resolución impide que el gobierno someta a deportación sumaria a personas que ingresaron legalmente bajo parole humanitario, asegurando su derecho a audiencia y representación.
- Alivio jurídico: beneficiarios del programa CHNV y otros programas de parole relacionados (como Uniting for Ukraine) pueden continuar con sus trámites o aplicaciones por estatus migratorio, como TPS o asilo, sin la amenaza inmediata de expulsión.
- Presión legal en curso: aunque la política de deportaciones exprés está detenida, el mismo DHS anunció planes para apelaciones, y otros tribunales siguen evaluando la terminación del parole y sus renovaciones.
Reacciones políticas y sociales
- DHS y administración Trump calificaron la resolución como una violación de precedentes de la Corte Suprema e insisten en que tienen autoridad para revocar el parole.
- Líderes comunitarios y defensores resaltan el “profundo impacto económico y emocional” de esta política sobre inmigrantes que entraron legalmente con patrocinadores y esperaban ajustar su estatus.
- Encuestas recientes muestran opiniones divididas en EE. UU.: mientras republicanos respaldan las deportaciones, muchos demócratas e independientes condenan la medida por su falta de proceso legal.
¿Qué viene?
La resolución de la jueza Cobb representa una victoria legal significativa y proporciona un respiro para cientos de miles de inmigrantes admitidos bajo parole humanitario. No obstante, el futuro legal sigue incierto. Los tribunales superiores revisarán las apelaciones del DHS y es probable que la Corte Suprema termine decidiendo sobre la constitucionalidad de las acciones del gobierno.
Para quienes viven esta realidad, es crucial mantener la defensa legal activa, presentar oportunamente renovaciones o aplicaciones a otros programas migratorios, y estar atentos a futuros cambios administrativos o judiciales.
